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La gestión de riesgos asociados al cambio climático

A lo largo de las últimas dos décadas se ha incrementado paulatinamente la inquietud por la degradación del medio ambiente y el cambio climático y, consecuentemente, esta preocupación ha ido ocupando un lugar de relevancia en la agenda política global.

Los estudios científicos realizados hasta el momento se han centrado en demostrar el origen antropogénico de dicho cambio, sustentando que la continua emisión de gases de efecto invernadero (GEI o GHG por sus siglas en inglés) está provocando un aumento de la temperatura media de la Tierra, lo que acarreará a medio plazo graves consecuencias sociales y económicas. 

 

Riesgo cambio climático MS - aumento temperatura

 

Inicialmente, la atención se centró en la consideración del impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente y, derivado de ello, en la necesaria promoción de prácticas más respetuosas con el entorno, como así lo demuestra la extensa adopción de estándares internacionales como los GRI Sustainability Reporting Standards. Sin embargo, durante los últimos años han surgido con fuerza numerosos actores en el sector público y privado a nivel internacional que han puesto el énfasis en las consecuencias a las que se exponen los países, las empresas, el sistema financiero y la economía global. Todo ello convierte el entendimiento de los riesgos asociados al calentamiento global y la necesaria transformación del actual modelo productivo en una prioridad.

 


Los impactos medioambientales derivados del cambio climático


Junto al incremento del nivel del mar provocado por el deshielo de las zonas árticas y la acidificación de los océanos, diversas fuentes señalan como una de las principales consecuencias del cambio climático el incremento en la frecuencia y severidad de los eventos extremos tales como huracanes o inundaciones. Estos fenómenos podrían llegar a causar graves daños a la economía mundial. Según el último estudio del reputado Carbon Disclosure Project, las 215 mayores compañías del mundo estiman que su potencial pérdida en valor de activos debida a impactos climáticos adversos rondaría los 170.000 millones de dólares, lo que supone alrededor del 1% de su capitalización bursátil. 

Sirva como ejemplo de todo ello el caso de la compañía PG&E, principal proveedor eléctrico del estado de California, considerado por muchos como el primer caso de quiebra directamente originada por los efectos del cambio climático. Tras los devastadores fuegos que asolaron California en otoño de 2018, la eléctrica tuvo que declararse oficialmente en bancarrota, como consecuencia de los terribles daños sufridos en su infraestructura y a obligaciones millonarias por el papel desempeñado por su sistema eléctrico como causante de los incendios. Según el consenso general, las condiciones de sequía y calor extremos fueron determinantes en el origen, la expansión y gravedad de los fuegos. Otro caso semejante es el del sector asegurador, señalado como uno de los más expuestos a los riesgos físicos derivados del cambio climático. Las pérdidas aseguradas anuales a nivel global se han multiplicado por 20 desde los años 70, hasta una media de 65.000 millones de dólares durante esta década. Solo en 2018, la cifra llegó a los 85.000 millones de dólares. 

Determinadas regiones del mundo y sectores económicos se verán especialmente expuestos a los riesgos de un clima cada vez más inestable y a la subida del nivel de las aguas. Sin embargo, en una economía globalizada el cambio climático afectará íntegramente en mayor o menor medida a todos los países y sectores industriales, y supondrá un reto importante para la estabilidad del sistema financiero a nivel mundial.

Finalmente, se derivarán para las compañías importantes desafíos derivados de la adaptación a la mayor concienciación social, a las nuevas regulaciones en ciernes y al impacto en los mercados financieros.

 

El contexto social

 

La preocupación por el cambio climático ha pasado a ocupar un lugar primordial en la conciencia colectiva global. Son numerosos los estudios que indican que una gran parte de los consumidores cambiaría sus hábitos  para reducir su impacto en el medio ambiente y que manifiestan su deseo por que las empresas les ayuden a vivir de forma más sostenible. En el mercado estadounidense, los datos reflejan que durante el periodo 2014-2017 se produjo un crecimiento en las ventas de productos calificados como “sostenibles” superior al de los productos convencionales.

Esta tendencia está dando lugar a la aparición de nuevas oportunidades y modelos de negocio basados en el respeto al medio ambiente, la compartición de recursos o apoyados en criterios de sostenibilidad. Al mismo tiempo, también genera riesgos como los derivados del cambio en la percepción social sobre el impacto negativo de determinados sectores, en línea con las movilizaciones sociales que demandan a los gobiernos y a las empresas medidas drásticas para combatir el calentamiento global. 

Como consecuencia de lo anterior, hemos asistido a lo largo de los últimos años a una oleada de procesos judiciales que han sentado un nuevo precedente, al introducir los conceptos de “responsabilidad y derechos climáticos”. Este fenómeno está cobrando especial fuerza en Estados Unidos y no es sorprendente que las empresas de combustibles fósiles estén siendo las más afectadas. Según Michael Gerrard, fundador del Centro Sabin sobre Ley de Cambio Climático en la Universidad de Columbia, se han iniciado más de 1.000 demandas judiciales climáticas en EE.UU.

Uno de los casos recientes más polémicos ha sido la demanda por parte de los estados de Nueva York (proceso en el que ha sido recientemente declarado no culpable) y Massachusetts contra el gigante del petróleo Exxon Mobil, acusado de confundir a sus accionistas en relación a los costes y riesgos reales del cambio climático en la compañía. La compañía Total es otra petrolera que también ha sido demandada por varias ciudades y ONG, acusada de no realizar suficientes esfuerzos de mitigación del cambio climático. Otro caso es el de las más de diez ciudades estadounidenses, desde Nueva York a San Francisco, que han demandado a grandes compañías de combustibles fósiles por los daños sufridos debido al calentamiento global. Asimismo, en 2018 un grupo de pescadores de California y Oregón demandaron a 30 grandes compañías de combustibles fósiles por su papel en el cambio climático y los daños causados a su actividad. Finalmente, y sumándose a todo este contexto judicial, cabe destacar que una comisión de derechos humanos filipina abrió una audiencia judicial en Nueva York para estudiar si las grandes compañías petroleras están violando los derechos humanos al ser causantes directos del cambio climático. 

El sector público no ha quedado indemne en todo este proceso de judicialización derivado del cambio climático. Así, en los últimos años ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Irlanda y Pakistán, han demandado a sus gobiernos por no actuar con suficiente determinación para reducir las emisiones de efecto invernadero e impulsar la transición hacia una economía sostenible. 

Este incremento de procesos judiciales climáticos comporta un gran riesgo que las empresas deben considerar, especialmente las pertenecientes a sectores industriales que originan mayor volumen de emisiones de GEI.

 

Iniciativas multilaterales y movimientos regulatorios

 

El Acuerdo de París establece objetivos a nivel internacional con el fin de “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5°C”. Dicho compromiso conlleva que los países firmantes deben establecer medidas para reducir rápidamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición hacia un sistema económico descarbonizado, lo que requiere una drástica transformación de la economía en todos los sectores productivos. 

Sin embargo, una transición desordenada hacia una economía baja en emisiones podría originar grandes perturbaciones en la economía global. Es por ello que, en los últimos años, diversos organismos reguladores y entidades supranacionales principalmente del sector financiero, se han volcado en desarrollar inicialmente recomendaciones y posteriormente regulación para favorecer la consideración y gestión de los riesgos derivados del cambio climático. Su objetivo es doble: por un lado, comprender mejor cuáles son los riesgos climáticos a los que está expuesta la economía para así poder gestionarlos, y por otro favorecer la transición hacia una economía baja en emisiones de GEI a través del reconocimiento de estos riesgos. Desde las recomendaciones de la TCFD, que están siendo adoptadas por las organizaciones más relevantes tanto del sector público como del sector privado, hasta la reciente regulación europea y del Banco de Inglaterra, los estándares y la regulación sobre riesgos climáticos no han dejado de avanzar, esperándose un mayor impulso en los próximos años.

 

La adaptación de los mercados financieros

 

La crisis de 2008 reflejó la importancia de reconocer todos los tipos de riesgos a los que están expuestas las compañías. En este sentido, la petición a las empresas por parte de inversores institucionales y entidades aseguradoras de impulsar la transparencia sobre el impacto y estrategias para hacer frente a los riesgos derivados del cambio climático - en especial para aquellos sectores más vulnerables- ha sido creciente en los últimos años. Uno de los ejemplos más relevantes es el reciente anuncio de BlackRock, que ha indicado que dejará de invertir en compañías que no sean lo suficientemente transparentes en materia ASG. 

Inversiones sostenibles por región

Por otro lado, la demanda creciente de productos financieros “verdes” por parte de los inversores, junto con estándares poco claros con relación a qué se considera un producto financiero sostenible (incluyendo diferencias metodológicas relevantes en las puntuaciones de las agencias de rating especialistas en criterios ISR) dio lugar al crecimiento del efecto denominado greenwashing. En este sentido, los reguladores de los mercados de valores de distintas geografías (p.ej. Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, revisión por parte de la FCA británica del sector de “inversiones éticas”) han emprendido distintas medidas para dar mayor transparencia y homogeneidad en la aplicación de criterios.

 

Un contexto de nuevas oportunidades

 

A pesar de los riesgos inherentes al mismo, el cambio climático conlleva también nuevas oportunidades de negocio, fundamentalmente en aquellos ámbitos que se conciben como soluciones al problema. Tal es el caso de los productos y servicios generados con bajas emisiones, transportes que no conlleven uso intensivo de combustibles fósiles (ferrocarril, vehículos eléctricos, etc.), alternativas de generación y transporte de electricidad mediante energías renovables o menos contaminantes, ingeniería para el diseño y construcción de plantas en las que se generen dichas energías alternativas, etc.  Adicionalmente, el foco en la sostenibilidad se percibe como una oportunidad para las compañías de favorecer su posicionamiento, mejorando su reputación.

En el mismo sentido, cabe destacar las fuertes revalorizaciones experimentadas en bolsa por aquellas empresas que han apostado por la energía verde, llegándose incluso a temer que la posibilidad de valoraciones demasiado altas provoque la generación de una “burbuja verde”.

En este contexto de nuevas inversiones, la presidenta de la Comisión Europea (EC), Úrsula Von der Leyen, comunicó en su discurso de apertura de la COP25 en Madrid, que la UE publicará un Plan Europeo de Inversión Sostenible, como parte del Nuevo Pacto Verde, que incluirá la inversión de un billón de euros en diez años. En dicho discurso, también definió dicho plan como la “nueva estrategia de crecimiento en Europa”. Además, durante la celebración de la COP25, el Gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, también se pronunció al respecto, estimando que será necesaria una inversión de unos 90 billones de dólares en inversiones de infraestructuras entre 2015 y 2030, que supondrá grandes oportunidades en distintos sectores (p.ej. los de energía, transporte o alimentación).

La canalización de financiación hacia estas oportunidades se manifiesta en el sector financiero en el auge de la oferta de productos financieros específicos, entre los que destacan los bonos verdes (productos de renta fija destinados a financiar proyectos que cumplen con determinados criterios medioambientales, actividades identificadas como sostenibles o proyectos cuyo fin está relacionado con la mitigación del cambio climático).

Adicionalmente, dentro del sector financiero se han desarrollado otros productos que pueden disminuir el impacto requerido de la inversión de capital en el cambio climático. Algunos de estos nuevos productos son los préstamos y los depósitos verdes, los planes de financiación de eficiencia energética, el apoyo a start-ups innovadoras, la vinculación del tipo de interés al rendimiento sostenible o las finanzas para la conservación. 

 

mercado de bonos verdes

 

Conclusiones

 

La adaptación de los actores económicos al nuevo contexto social, a los acelerados cambios regulatorios en ciernes y a las demandas de los inversores que derivan del cambio climático no está exenta de importantes desafíos.  El punto de partida es el reconocimiento de este riesgo como un riesgo transversal emergente sobre el cual las compañías deben profundizar para asegurar un entendimiento de su naturaleza, una adecuada evaluación de su impacto y su integración en sus modelos de gestión de riesgos. En paralelo, deberán revisar sus estrategias y emprender planes de transformación de sus modelos de negocio.  

En este contexto, el estudio tiene como objetivo ofrecer una perspectiva sobre el presente y futuro de los riesgos asociados al cambio climático para las organizaciones. Para ello, el documento está estructurado en cuatro apartados, que tienen como finalidad:

  • Profundizar en la naturaleza de los riesgos asociados al cambio climático junto con una visión del marco normativo asociado.
  • Revisar los principios de gestión de estos riesgos en sus distintos aspectos: mapa de riesgos, gobierno, metodologías de evaluación, integración en la gestión y generación del reporting.
  • Profundizar en las metodologías de evaluación de estos riesgos en el sector financiero y sus diferentes usos regulatorios y de gestión.
  • Realizar un análisis sobre la incorporación de los riesgos del cambio climático en la valoración de los activos financieros.

Por último, se debe tener en cuenta que, si bien en función de la transversalidad y multiplicidad de impactos la denominación correcta de estos riesgos es “riesgos derivados del cambio climático”, a lo largo del presente documento se utilizarán también variaciones de dicha denominación, como riesgos del cambio climático o simplemente riesgos climáticos. Del mismo modo, se referirá indistintamente al cambio climático como calentamiento global y, si bien el CO2 no es el único gas cuya acumulación atmosférica provoca dicho fenómeno – siendo otros GEI el metano o el vapor de agua – aludiremos fundamentalmente a aquel, al ser su inductor principal. 

Para más información, accede al documento completo en PDF haciendo clic aquí. Documento también disponible en inglés y portugués.


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