Durante los últimos años, el marco de gobierno interno de las entidades ha recibido una mayor atención por parte de diversos organismos internacionales. En este sentido, su principal esfuerzo ha sido corregir las deficiencias identificadas en las prácticas de gobierno interno, dado que algunas de estas prácticas se han observado inapropiadas y, aunque no hayan sido un desencadenante de la crisis financiera, estaban relacionadas con la misma y eran cuestionables.
De conformidad con la CRD IV, la EBA tiene encomendada la armonización de los mecanismos, procesos y disposiciones relativas al gobierno interno de las entidades dentro de la UE. En este sentido, en septiembre de 2011 la EBA publicó Directrices sobre gobierno interno (GL 44) con el objetivo de mejorar y consolidar expectativas supervisoras, así como fortalecer el marco de gobierno interno, las cuales fueron revisadas en 2017 poniendo más énfasis en las obligaciones y responsabilidades del órgano de dirección en su función de supervisión del riesgo.
Directrices finales sobre gobierno interno
En este contexto, en julio de 2021 la EBA publicó las Directrices Finales sobre gobierno interno que actualizan las anteriores y se centran en la diversidad de género, el blanqueo de capitales, el riesgo de financiación del terrorismo y la gestión de los conflictos de intereses, incluso en el contexto de los préstamos y otras transacciones con los miembros del órgano de dirección y sus partes vinculadas. Estas Directrices también incluyen un marco de gestión de riesgos que tenga en cuenta los factores de riesgo ESG.
En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan los requerimientos de las Directrices finales sobre gobierno interno.
Resumen ejecutivo
Estas GL incluyen disposiciones sobre: i) el rol del órgano de dirección y de los comités; ii) marco de gobierno; iii) cultura de riesgo y conducta de negocio; iv) control interno; v) gestión de continuidad del negocio; y vi) principios aplicados al marco de gobierno interno.
Ámbito de aplicación
Estas directrices están dirigidas a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, según los define el CRR.
Contenido principal
- Órgano de dirección y comités. Se deben definir los deberes y responsabilidades del órgano de dirección, función supervisora y función de gestión, marco organizativo y estructura del presidente del órgano de dirección y de los comités, y garantizar el cumplimiento de la regulación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y un marco de gestión de riesgos que tenga en cuenta factores de riesgo ESG.
- Marco de gobierno. Se integra por un marco organizativo y una estructura adecuados y transparentes (que deberían respetar entre otros la regulación internacional sobre transparencia fiscal, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo), en un contexto de grupo, y con una política de externalización que considere el impacto de la externalización sobre el negocio de la entidad y los riesgos de la entidad
- Cultura del riesgo y cultura de negocio. Se incluye una cultura de riesgos integrada e institucional basada, entre otros, en los riesgos a los que está expuesta; conflictos de intereses, procedimientos de alerta interna y notificación a las CA. Todas las políticas internas deberán ser neutras por razón de género y evitar cualquier tipo de discriminación.
- Marco y mecanismos de control interno. Se recoge un marco de control interno y gestión de riesgos, nuevos productos, funciones de control interno (responsables y recursos), así como funciones concretas de la función de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. Estos mecanismos deberán adecuarse a la obligación de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Gestión de continuidad de negocio. Se centra en la implementación de una sólida gestión de continuidad de negocio por parte de las entidades para reducir las consecuencias derivadas de un fallo o una interrupción extendida sobre recursos críticos.
- Principios aplicados a gobierno interno. Se incluyen los principios de proporcionalidad (en función del tamaño, organización interna y la naturaleza y complejidad de sus actividades) y de transparencia aplicados por las entidades al definir su marco de gobierno interno.
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